La senadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Keren Riquelme, presentó un proyecto de ley buscando uniformidad en la actual pena por violar una orden de protección a las víctimas de violencia sexual para que sean paralelas con otras órdenes emitidas en nuestro Tribunal General de Justicia. De esta forma, se tipificaría como delito grave la transgresión de una orden de protección a una víctima de violencia sexual. En la actualidad un ofensor de violencia sexual que no cumpla con lo requerido en una orden de protección se expone a una pena menos grave, con una pena no mayor de seis meses de cárcel y una multa. Con el proyecto de ley presentado, el ofensor, de no cumplir con lo impuesto por el Tribunal en la orden de protección se expone a un delito grave lo cual haría que cumpla con una pena impuesta de dos años de cárcel.
A modo de ejemplo, Riquelme explicó que, bajo la Ley para la Protección de Violencia Sexual en Puerto Rico, una violación a sabiendas de una orden de protección al ser tipificada como delito menos grave, podría conllevar solo una multa, que no exceda $5,000 dólares o entre 1 día a 6 meses de cárcel, o ambas penas a discreción del Tribunal. Esto mientras que violaciones a otras órdenes de protección como la expedida bajo la Ley 54 de violencia doméstica, la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores y la Ley de la Carta de Derechos y Política Pública a favor de los Adultos Mayores son catalogadas como delito grave.
Las víctimas de violencia sexual en Puerto Rico con órdenes de protección no tienen la misma garantía que las víctimas de violencia doméstica, las víctimas menores de edad o los ancianos.
“Toda víctima merece ser protegida de la misma manera, todo ser humano es valioso y digno de que tengan el mismo trato cuando se expiden órdenes de protección para salvaguardar su vida. La violencia no es exclusiva de un género, aunque hemos visto cómo se ha recrudecido la violencia contra la mujer, tampoco se limita a la edad, tiempo o espacio. Puede ocurrir en cualquier escenario- desde el hogar, hasta en el lugar de trabajo”, manifestó la legisladora.
“Las víctimas necesitan de todo nuestro esfuerzo legislativo para asegurar toda la protección que requieran en un momento crucial de seguridad”, agregó Riquelme, quien dedicó más de 20 años de trabajo con las necesidades de las comunidades.
