Durante la segunda vista cameral de la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros celebrada ayer, se investigó el aumento en las tarifas del gas licuado, a tenor con la Resolución de la Cámara 219, de la autoría de la representante Estrella Martínez Soto.
A dicha vista estuvieron citados el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Justicia (DJ) y la Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico (FEDIGAS). En la vista se descubre que una querella sometida por un consumidor contra una empresa de gas licuado, recibida por la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos del Departamento de Justicia y referida al DACO hace cuatro años, aún se está “examinando”, por dicha agencia.
“A pesar de la importancia que tiene este tema del aumento en los precios del gas licuado, lamentablemente el DACO no envió alguno de sus oficiales para que expusiera el punto de vista de la agencia, aunque sí enviaron una ponencia donde se admite que se requieren leyes para fomentar un mercado de gas licuado que sea más competitivo y equitativo. Además se propone analizar cómo el Departamento de Justicia está aplicando las leyes antimonopolísticas”, detalló la representante Martínez Soto, del distrito 27 de Santa Isabel, Coamo, Salinas y Aibonito.
Mientras, el Departamento de Justicia, por medio de la licenciada Mónica Rivas Cabrera, expuso que luego de un análisis de la Resolución 219, recomiendan que sea el DACO “se encuentra en mejor posición para recomendar legislación que refuerce las sanciones que dicha agencia pueda imponer ante los incumplimientos. Es DACO quien pueda informar detalladamente sobre el impacto perjudicial que estas prácticas han tenido sobre los consumidores”. La funcionaria admitió a los miembros de la Comisión, que la Oficina de Asuntos Monopolísticos recibió una querella contra una empresa de gas licuado, hace cuatro años, y la refirió al DACO. Allí, el reclamo del ciudadano duerme el sueño de los justos, donde la misma se está examinando por la agencia.
Rivas Cabrera informó además que la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos (OAM) tiene investigaciones activas en torno a dicha industria y presentará “en su día” las querellas o acciones judiciales que correspondan. Por su parte, la representante aseguró que definitivamente hay que realizar enmiendas a las leyes vigentes y su Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros presentará las mismas para someterlas a discusión pública”.
Por parte de FEDIGAS, depuso vía cibernéticamente el portavoz del gremio, Carlos Jurado Roque, quien aseguró que “en la industria de gas licuado de Puerto Rico, el consumidor está en completo desamparo”, debido a la ausencia de competencia real. Jurado presentó en su ponencia diversas instancias donde el DACO, desde 1993, ha admitido la falta de competencia en el sector, “pero también las multas que se imponen son mínimas, lo que lejos de ser disuasivo, es un impulso para que se sigan violando las leyes”.
FEDIGAS presentó varias recomendaciones a la Comisión, donde se destaca la importancia de la divulgación de la información sobre la industria, “como publicar la lista actualizada de los precios sugeridos o asignados por DACO, según sea el caso, en todos los productos que el importador-mayorista vende en todos los niveles”. También se recomienda que el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, publiquen la lista de todas las personas y entidades autorizadas a vender gas licuado en Puerto Rico. “Sugerimos fuertemente que se enmienden las leyes para darle al DACO las garras que requiere esta agencia. Las actuales multas son ridículas”.
