La portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz, radicó en los pasados días el Proyecto de la Cámara 986, que propone una enmienda a la Ley 48-2020, conocida como “Ley para regular la Ciberterapia en Puerto Rico”, a los fines de facilitar las ciberterapias grupales a estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial.
La Ley 48-2020 faculta a los terapistas ocupacionales, terapistas del habla, psicólogos, entre otros, a proveer sus servicios de manera remota a estudiantes del Programa de Educación Especial. Esto cuando existe un estado de emergencia debidamente declarado. No obstante, este estatuto no contempla las ciberterapias grupales como parte de su alcance.
“A pesar del alcance positivo de la Ley 48-2020 me parece importante proponer enmendar dicho estatuto para extender el alcance de las ciberterapias a los grupos de estudiantes del Programa de Educación Especial. No veo ningún impedimento para que los terapistas puedan atender, grupalmente, a los estudiantes que necesitan ciberterapias en medio de una emergencia”, manifestó Burgos Muñiz.
La Representante también hizo un llamado a sus compañeros legisladores a apoyar la medida. “La causa de mejorar servicios a los estudiantes del Programa de Educación Especial es una que debería ser avalada por todos mis compañeros legisladores. Creo que ninguna legislación debe limitar el juicio clínico de los terapistas, pues son ellos los capacitados para atender de la forma y manera más efectiva a sus pacientes. Esta pieza legislativa de mi autoría les devuelve, a los profesionales licenciados, la capacidad de elegir cual es el mejor tratamiento para los estudiantes del Programa Educación Especial, basándose en su juicio clínico”, expresó la también Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.
Finalmente, a parte del llamado a apoyar la causa de los estudiantes del Programa de Educación Especial, la Representante manifestó la importancia de no colocar en juego las licencias de los profesionales del país. “No podemos permitir que se coloquen en peligro las licencias de los terapistas al estos abstenerse de prestar un servicio por deficiencias en esta Ley. Es nuestra responsabilidad legislativa corregir con premura y diligencia este estatuto y enmendarlo”, concluyó la Representante por Acumulación de Proyecto Dignidad.
