La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Cabo Rojo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe de un hallazgo revela que el Municipio otorgó $9,500, a una entidad sin fines de lucro desde el 2020 al 2022, cuyo certificado de incorporación había sido revocado por el Departamento de Estado en el 2019. Ni los directores de Finanzas, ni la legislatura municipal, solicitaron el Good Standing de esta corporación que administraba un equipo de beisbol aficionado en Cabo Rojo.
Además, los directores de Finanzas en funciones no solicitaron los informes sobre el uso dado a los donativos, y el primer donativo de $500 no se remitió a la aprobación de la Legislatura contrario a la legalidad vigente. Esta situación impidió a la Legislatura examinar la razonabilidad del donativo antes de concederse y no se pudo corroborar el uso dado a los donativos.
La auditoría comenta que el Municipio pagó $171,501 a una exempleada y siete empleados tras un acuerdo de transacción de demanda por discrimen político ante en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Al 18 de abril de 2023, cuatro demandas civiles por $974,650 estaban pendientes de resolución por los tribunales.
El presupuesto del Fondo General del Municipio de 2019 era de $15,511,760. Esta cifra ascendió a $16,397,187 en el 2020, $17,469,910 en el 2021, $17,531,304 en el 2022 y a $18,714,771 en el 2023. El Municipio tenía preparados sus estados financieros, auditados por contadores públicos autorizados, que reflejaron déficits acumulados en el Fondo General de $5,979,777 en el 2018, $4,979,164 en el 2019 y $2,640,110 en el 2020, y un superávit acumulado de $274,941 en el 2021.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cabo Rojo cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
De los objetivos de la auditoría no se comentan hallazgos sobre: la adquisición de bienes y servicios, y los desembolsos para atender la emergencia del COVID-19, los desembolsos para la compra de equipo a los pescadores, ni sobre los contratos otorgados y los desembolsos para atender la emergencia del huracán María.
Este segundo y último informe de Cabo Rojo, cubre el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
