La electora Johannie Pérez Santos, residente en Villalba, denunció hoy que recibió una notificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificando que había endosado al precandidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington por el Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe Ramos, lo que es totalmente falso.
“Yo jamás en la vida pensé que me iba a pasar esto a mí. Yo nunca he firmado endoso alguno para Villafañe. Yo soy popular, siempre he votado por los candidatos del Partido Popular Democrático. Lo que han hecho es ilegal. Han falsificado mi firma”, señaló la joven, quien ha está tramitando una declaración jurada para someterla a la CEE. Según el documento de la CEE que recibió Pérez Santos, quien tramitó dicho endoso falso fue Sol Iris Ortiz Bruno, activista del PNP y quien ha publicado fotografías en las redes sociales precisamente con el precandidato Villafañe Ramos.
Para Ramón Torres, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) señaló que “aquí no hay duda alguna de que hay un patrón de falsificación de endosos. Y como bien lo ha dicho Pablo José Rivera en los medios, ciertamente un candidato no puede controlar cómo actúan sus voluntarios, pero sí puede controlar cómo tomar acción ante ilegalidades como ésta”.
Torres, quien es precandidato a representante por acumulación en las primarias del domingo, 2 de junio de 2024, expuso que “como ciudadano y como abogado que soy, yo espero que William Villafañe no termine reaccionando como Elmer Román en este caso de fraude. Román lo que ha hecho es guardar silencio y enviar a un portavoz a acusar a la víctima de fraude”. De confirmarse este caso y someterse acusaciones contra la activista PNP Sol Iris Ortiz Bruno, quien tramitó el endoso falso, se expone sanciones legales por violación al Código Electoral y también a la Ley de Ética Gubernamental.
En el caso de la Ley de Ética Gubernamental, queda claro en su Artículo 4.2, que un servidor público (y Sol Iris Ortiz Bruno es superintendente regional en Humacao del Departamento de Educación), no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. En ese caso, la Ley señala que toda persona que viole las prohibiciones y disposiciones establecidas en los reglamentos, órdenes o normas promulgadas a su amparo puede ser castigada por la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental con multa administrativa, que no excederá de veinte mil dólares ($20,000) por cada violación. Lo anterior no limita la facultad de la Dirección Ejecutiva de imponer, además de la multa administrativa, la sanción de triple daño”.
