La senadora por acumulación, Keren Riquelme, anunció la radicación de un proyecto de ley que persigue utilizar la Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés) con la utilización de algoritmos predictivos, como lo es incorporar técnicas avanzadas de análisis de regresión o el desarrollar modelos de aprendizaje automático con datos financieros históricos para predecir y evitar la corrupción gubernamental en todos sus niveles a través de la medición y fiscalización de eficiencia de procesos gubernamentales.
“La corrupción gubernamental socava la confianza pública en las instituciones y obstaculiza el desarrollo socioeconómico. Los datos dispersos y la falta de un mecanismo proactivo de medición y fiscalización de procesos dificultan aún más la detección temprana de irregularidades. Los procesos manuales aumentan la probabilidad de errores y detección de malversaciones, propiciando falta de transparencia y oportunismo como uno de los elementos que provoca actos de corrupción. La adopción de algoritmos predictivos y técnicas de inteligencia artificial ofrece una solución prometedora a estos desafíos ya que pueden identificar patrones y tendencias básicas en detección de fraudes y también de ciberataques a la vez que mide cuán eficiente es el gobierno”, expresó la Senadora.
“Implementar la inteligencia artificial para prevenir en vez de reaccionar es una modalidad de avanzada de aprendizaje que sabemos que requiere una estrategia integral que aborde no solo los aspectos técnicos, sino también desafíos organizativos y culturales. Para esto tendremos como protagonista al Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS) quienes a través de su Director Ejecutivo interino, Antonio J. Ramos Guardiola, establecerá una infraestructura de datos sólida y centralizada para fortalecer la supervisión y auditoría interna, y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones gubernamentales”, añadió Riquelme.
Junto a PRITS estará presente en este desarrollo de algoritmos de AI, la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor, así como cualquier otra agencia que se estime necesaria. Además, se establece que todo servicio externo requerido para desarrollar la presente iniciativa deberá cumplir con los procesos de subasta pública conforme a las regulaciones de la Administración de Servicios Generales para estos procesos.
En estos momentos existen modelos similares al propuesto. La Estrategia Antifraude de la Unión Europea (UE) emerge como un referente de proyectos similares de avanzada con inteligencia artificial en el análisis de datos para prevenir el fraude y la evaluación de riesgos para salvaguardar los recursos financieros y garantizar el uso efectivo y transparente de los recursos del gobierno.
“Esta ley contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales al aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Este incremento en la confianza pública es esencial para mantener la estabilidad y el buen funcionamiento del gobierno”, terminó diciendo la Senadora.
