La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Corozal. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio contrató para tareas de inspección del Cine Teatro de Corozal, a la misma corporación de servicios profesionales de ingeniería, que realizó el diseño y planos de la reconstrucción. El Reglamento Conjunto para Obras de Construcción y Usos de Terrenos de 2010, prohíbe que el diseñador de la obra pueda fungir como inspector de esta.
El contrato para la inspección de $62,400 aumentó a $198,900 tras nueve enmiendas que también se suscribieron en violación de la reglamentación vigente. Esta situación se refirió en el 2018, al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para que tome las medidas que estime pertinentes.
La auditoría de seis hallazgos señala que el municipio adquirió vehículos y equipos pesados, como un tractor, un loader, y un carro de golf, entre otros, sin obtener las cotizaciones requeridas. El alcalde y dos funcionarios, que viajaron a la subasta en Kissimmee y en Orlando, Florida, no protegieron los intereses del municipio y los gastos, incluido el viaje, ascendieron a $98,809. Esta situación impidió determinar si la cantidad invertida en la adquisición era menor al precio del mercado local, y que el municipio tuviera a su disposición alternativas de mejores ofertas.
Los auditores detectaron múltiples deficiencias en comprobantes de desembolso y sus justificantes tales como: ausencia de facturas originales, falta de fechas o de firmas autorizadas. Además, el municipio pagó $1,159 por cargos de financiamiento a la tarjeta de crédito asignada al alcalde.
El Informe indica que un 89% de las transferencias de créditos, se realizaron sin que el director de Finanzas emitiera las certificaciones de sobrantes. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-15-27 del 2015.
Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, la Oficina de Auditoría Interna de Corozal no había efectuado auditorías periódicas que incluyera las áreas de materialidad y riesgo. Además, el Reglamento de Compras y el Reglamento de uso de Tarjetas de Crédito, no habían sido ajustados a las nuevas disposiciones de la Ley 81-1991, ni al Reglamento para la Administración Municipal de 2016.
La auditoría comenta que el Municipio transigió por $1 millón, una demanda de 17 exempleados por discrimen político. Además, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sanción impuesta por la Oficina del Panel del Fiscal Independiente de suspender de empleo y sueldo por 10 días al alcalde, por el hecho de haber usado empleados y equipos municipales para asfaltar un camino privado que lleva a su residencia.
El municipio de Corozal incurrió en sobregiros en 20 fondos municipales por $1.3 millones según el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos. Además, al 27 de enero de 2020, el municipio contaba con el 35% de sus empleados transitorios, con nombramientos que excedían el termino legal de un año.
El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
