El alcalde de Vega Alta, Oscar ‘Can’ Santiago Martínez anunció que ciudadanos radicación de una demanda por una ciudadana usuaria de las facilidades públicas del Balneario de Cerro Gordo, a la que el Municipio se ha sumado, para solicitarle al tribunal que se detenga la masiva deforestación causada por un contratista pagado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).
Aunque originalmente se había establecido que la compañía DebrisTech de Mississippi estaba contratada para recogido de escombros luego del paso del Huracán María hace tres años y la poda o tala de unos 14 árboles, según datos de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la empresa arrasó con cientos de árboles, palmeras y uveros en la zona del Balneario, sin que el DRNA y el DRD hayan supervisado debidamente tal acción, lo que ha sido catalogado como una “masacre ambiental” por los vecinos de Cerro Gordo y visitantes de la zona, conocida por su área de acampar. Allí también hay una ruta deportiva para la práctica del ciclismo de montaña, reconocida internacionalmente.
En la demanda, a cargo del licenciado Pedro Ortiz Álvarez, solicita al tribunal que ordene de manera inmediata la paralización de la tala indiscriminada de vegetación y que se inicie una reforestación ordenada y completa del área impactada y afectada por las actuaciones impugnadas de los demandados.Al decidir si se expide una orden de entredicho provisional o injunction preliminar, el tribunal deberá considerar, entre otros, los siguientes:
(a) la naturaleza del daño a que se está expuesto la parte peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la probabilidad de que la causa de acción se torne académica; (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita; y(f) la diligencia y buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.
“Los daños sufridos y los que se están sufriendo como secuela de las actuaciones de la parte demandada son irreparables porque dolorosamente ya no es posible revertir esta zona de gran valor turístico y deportivo a su estado original. Los árboles que han sido talados en el área tenían más de una década de existencia, al igual que la vasta mayoría de los arboles y palmeras que aun continúan en el área, a expensas de que los demandados aprueben y validen su tala amparados en unos supuestos estudios que nadie ha visto públicamente”, reclamó el alcalde Santiago Martínez.
Por su parte, Ortiz Álvarez menciona en el documento sometido al tribunal que “debemos recordar que la normativa jurídica sobre los recursos naturales y el medio ambiente tiene una insoslayable dimensión de orden constitucional, tal como detalla el caso Misión Industrial versus Junta de Calidad Ambiental (JCA) 145 D.P.R. 908, 918 del año 1998”.
Este caso, que ha tenido amplia repercusión en los medios de comunicación por la gravedad del caso, recuerda a la masiva tala de árboles llevada a cabo por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a orillas de las carreteras de Puerto Rico en el año 2019. “A diferencia de los árboles que están a orillas de las carreteras, en el caso del Balneario de Cerro Gordo toda esta vegetación no representa peligro ni afecta el paso de nadie, al contrario, es parte importantísima de este conjunto natural, turístico y deportivo”, señaló el alcalde, quien lleva desde inicios del cuatrienio solicitando al gobierno central el traspaso de las facilidades del Balneario de Cerro Gordo al Municipio para su administración y desarrollo turístico, como ha sucedido en municipios como Toa Baja, Guánica y Luquillo. “Ya el Senado aprobó una resolución de la senadora Rossana López León a esos efectos, pero en la Cámara de Representantes detuvieron la misma sin explicación alguna. Yo les aseguro que el Municipio tuviera la titularidad de dicha zonas, esta masacre ambiental nunca hubiera ocurrido”, finalizó Santiago Martínez.
