Edgardo Feliciano utilizó el caso de la joven Rosimar Rodríguez Gómez para exponer la necesidad de implementar la Alerta Ashanti. Foto: Tammy Olivencia
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó unánimemente en la tarde de ayer el Proyecto de la Cámara 399 a los fines de establecer el Plan de Alerta Ashanti, un mecanismo que facilitaría la búsqueda y recuperación de las personas desaparecidas en Puerto Rico entre las edades de 18 y 64 años.
La medida, aprobada con las enmiendas recomendadas por la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, establecería la “Ley habilitadora para implementar el Plan de Alerta Ashanti”.
El proyecto, igualmente, propone establecer las facultades y deberes de las entidades gubernamentales; añadir un inciso (i) al Artículo 2.03 y enmendar el inciso (i) del Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, para atemperarla con lo dispuesto en el plan de alerta.
Durante su turno a favor, el representante Edgardo Feliciano Sánchez, autor principal de la medida, utilizó el caso de la joven Rosimar Rodríguez Gómez como referencia a la necesidad de implementar la Alerta Ashanti en Puerto Rico.
“Si hubiera estado disponible esta alerta, quizás hoy Rosimar estuviera con nosotros”, expresó el legislador, mientras sostenía una pancarta con las fotos de una decena de personas desaparecidas en Puerto Rico en los pasados años.
Rodríguez Gómez, de 20 años, fue secuestrada frente a su residencia en el barrio Sabana Seca en Toa Baja el 17 de septiembre de 2020 y posteriormente asesinada. La investigación del caso fue tratada como una desaparición, aunque fue denunciado como un secuestro al indicarse que por medio de fuerza fue introducida en un vehículo.
“Aquí están las caras de quienes ya hubiesen aparecido de tener un sistema de alerta funcional. Detrás de estas caras hay familias que sufren la desaparición de sus seres queridos. Detrás de estas caras está la desesperación de una madre, un hijo, un hermano”, señaló el Representante.
La Ley de Alerta Ashanti fue establecida en los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2018 en nombre de Ashanti Billie, una mujer que desapareció en Virginia en septiembre de 2017. Aunque en un principio se sospechaba que la joven había sido secuestrada, a los 19 años Ashanti era una adulta, por lo que no se podía publicar un aviso o notificación de Alerta Amber, y demasiado joven para recibir una Alerta Plateada “Silver Alert”.
“Con esta medida atendemos todas esas personas que no están cubiertas por otras alertas, pero lo hacemos de forma rigurosa”, manifestó Feliciano Sánchez.
Por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli destacó que para la implementación efectiva del proyecto es preciso que se asignen fondos presupuestarios para el personal necesario.
“Este proyecto tiene que venir acompañado, además de la asignación de recursos presupuestarios y de personal, de capacitación; de talleres de sensibilización”, apuntó la legisladora en su turno a favor. “Que cuando cualquier persona desaparezca, en la Policía se hagan las gestiones con la diligencia pertinente”.
Por otro lado, durante los trabajos de la Sesión Ordinaria se discutió la Resolución Concurrente de la Cámara 1, para emplazar y exigir al Congreso de los Estados Unidos que se exprese clara y contundentemente sobre las alternativas que está dispuesto a considerar para atender la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América.
“Le exigimos al Congreso, que tiene varias iniciativas adelantadas… que el análisis, las iniciativas que se están manejando en el Congreso, les tienen que permitir a las diversas voces del país expresarse en el proceso legislativo… Tienen que escuchar a los populares. Tienen que escuchar a los independentistas. Tienen que escuchar a las personas que creen en la libre asociación”, expresó el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
La medida fue aprobada con 28 votos a favor, entre los que se encuentran la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Mientras, la resolución contó con 11 votos en contra y 1 abstenido.
