La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) informó hoy a la Cámara de Representantes que ha resuelto solo 202 casos de más de 6,000 reclamaciones por parte de trabajadores inconformes con las determinaciones del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme desde que el proyecto fue implementado en el 2022.
El presidente de la CASP, Laudelino Mulero Clas, detalló en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales que al 6 de marzo de 2024 la mayor cantidad de reclamaciones se dividen en 4,996 solicitudes de arbitraje de empleados públicos que negocian convenios colectivos al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Ley 45-1998).
De igual forma, se han presentado 1,206 solicitudes de apelación por parte de trabajadores cubiertos por las disposiciones de la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Ley 8-2017).
“Hay unos casos que ya se han resuelto porque son los más fáciles. Esto no es un procedimiento que se resuelve de aquí a mañana. Esto toma tiempo”, explicó Mulero Clas ante la preocupación de los legisladores por el cúmulo de casos sin atender.
“Definitivamente es algo que tenemos que atender, pero en la Comisión se están atendiendo los casos… No es que no se han atendido. Se están atendiendo”, agregó.
El funcionario destacó que la agencia recibió un presupuesto de $350,000 para la contratación de 6 árbitras en septiembre de 2023 que atienden exclusivamente los casos de arbitraje. Cada árbitra cuenta con un tope de facturación de hasta $57,600 y rendirá sus servicios hasta el 31 de diciembre del presente año.
Según Mulero Clas, cada árbitra tiene un aproximado de 700 casos asignados, mientras que la distribución de las apelaciones se realizó proporcionalmente entre cuatro oficiales examinadores. Cada oficial examinador tiene alrededor de 300 asignados que son distribuidos por agencia.
El presidente dijo que fue en noviembre de 2023 que la CASP comenzó a realizar vistas para atender estos casos. Desde ese momento también se han realizado reuniones con los representantes legales de las partes con el propósito de coordinar la logística de atención de las impugnaciones de agencias y representantes exclusivos que tengan múltiples casos.
“El problema mayor que estamos teniendo son las solicitudes de suspensión de vistas de ambas partes, ya sea porque no están preparados o porque no tienen personal para atender el volumen”, afirmó Mulero Clas.
El funcionario también señaló los retos fiscales que enfrenta la CASP al tiempo que aseguró que cada año fiscal la agencia solicita una mayor asignación presupuestaria. No obstante, reiteró el compromiso de su agencia de continuar atendiendo los casos que reciben.
En cuanto a la partida para resolver los casos de arbitraje, puntualizó que realizará las solicitudes necesarias a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de requerir fondos adicionales. “Los casos no se van a quedar sin atender porque se acabe este dinero… Los casos se van a atender como se han atendido los casos que la Comisión ha tenido”, dijo Mulero Clas.
Décadas sin resolver cientos de casos
A preguntas de los representantes, el presidente de la CASP confirmó que existen al menos 181 casos con más de 20 años sin resolver por alegadas complicaciones en el curso de cada uno.
“¿Cómo es posible que hayan casos con más de 20 años? Cuando uno mira, ahí hay casos de beneficios marginales, de reclutamiento, de selección, casos que usted sabe que se supone que se resuelvan hoy porque tienen unas consecuencias incluso económicas con el gobierno”, impugnó el representante Denis Márquez Lebrón.
“Una persona que lleva destituida 15 o 20 años es un problema de fondos públicos también, porque el gobierno va a tener que pagarle todo lo que dejó de percibir… Algo hay que hacer, porque no puede haber un caso que dure 20 años”, abundó el legislador.
Sobre las reclamaciones del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme, Mulero Clas dijo que “lo ideal” sería tener los 6,000 casos resueltos dentro de un año.
