La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguada. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que la Junta de Subastas adjudicó la adquisición de diésel a un licitador que no cumplió con las especificaciones de la subasta. El licitador estableció en su propuesta, un margen de ganancia a base del precio reportado por el mayorista al Departamento de Asuntos al Consumidor, en vez de a base del del precio pagado al mayorista. Esta situación ocasionó que el Municipio pagara al proveedor $6,307 en exceso.
Además, los tres preinterventores en funciones que examinaron unos 14 comprobantes de desembolsos emitidos en el 2019, no se aseguraron que las facturas del licitador incluyeran la evidencia del costo del diésel comprado al mayorista. Esta situación contraria al Reglamento para la Administración Municipal, impidió verificar la corrección y propiedad de los desembolsos.
La auditoría de cinco hallazgos señala que, al 31 de diciembre de 2020, el Municipio adeudaba $890,817 al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a la Autoridad de Energía Eléctrica, y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esta situación propició el pago de intereses, penalidades y recargos por $14,996 a la deuda al DTRH y afecta los recursos de las entidades gubernamentales.
Contrario a las leyes y reglamentación vigente, el contrato para la administración del complejo de viviendas Jardines de Aguada, del cual el municipio es propietario, no se remitió a la consideración de la Legislatura Municipal, ni a la Oficina del Contralor. Además, al 9 de octubre de 2020, la Unidad de Auditoría Interna no había efectuado auditorías o monitoreos de las operaciones del complejo de viviendas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-19 del 13 de diciembre de 2018.
Los auditores identificaron deficiencias sobre la repartición de 5,541 boletos de entrada general y 161 tarjetas de abonados para asistir a juegos de baloncesto. El Municipio había formalizado dos contratos con la liga de baloncesto superior para el uso gratuito del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, a cambio de proveerle abonos de palco y boletos de cortesía. Al 27 de julio de 2020, el exalcalde certificó que no tenían un registro de la repartición de los boletos.
Al 12 de marzo de 2018, se reportó la apropiación ilegal de un vehículo four track del taller de Obras Públicas Municipal valorado en $1,050. El Municipio no realizó una investigación administrativa, ni reclamó a la compañía aseguradora. Además, notificó la irregularidad a la Oficina del Contralor, siete meses después, y al 4 de diciembre de 2020, el vehículo permanecía registrado en el módulo de Activos Fijos del sistema de contabilidad.
La auditoría publica un comentario especial sobre la resolución del 31 de marzo de 2021 emitida por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), en la que establece la nulidad de un contrato y una enmienda otorgada por el Municipio. El 4 de diciembre de 2018, el Municipio había adjudicado un contrato mediante subasta a un contratista no cualificado por $3,000,000 y una enmienda sin subasta y en clara violación de las leyes y reglamentos vigentes, por $4,000,000. El contratista había certificado bajo juramento que tenía dos años de experiencia en la operación de logística para la recuperación de desastres, lo cual era falso.
El 19 de abril de 2021 el alcalde solicito asesoramiento sobre como proceder con los pagos pendientes al contratista a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Oficina de Gerencia Municipal le informó al alcalde de Aguada, que se abstendría de emitir recomendación ya que la controversia se encuentra referida ante el secretario de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Este primer informe de Aguada, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
