La Comisión de lo Jurídico, que preside la representante María Milagros Charbonier Laureano, retomó mediante vista pública la investigación que realiza sobre la Resolución de la Cámara 194 de su autoría, que estudia las disposiciones contenidas en el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, con el propósito de constar si se cumple con la política pública requerida.
“La intención es mejorar las condiciones de los confinados, proveerle nuevas oportunidades de rehabilitación y llevar a cabo un análisis comprensivo en torno a las disposiciones contenidas en dicho Plan”, sostuvo Charbonier Laureano.
Trasendió durante la comparecencia del secretario del Departmento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el licenciado Eduardo Rivera Juanatey, que existe la necesidad de 81 Oficiales de Servicios Juveniles y que recientemente, sometió para la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el reclutamiento de 50 oficiales, y que la solicitud está pendiente de determinación.
Rivera Juanatey advirtió ante la comisión cameral que “por reqerimientos del caso de US v Commonwealth, supra, y por los requerimientos de la ley federal Prison Rape Elimination Act (PERA), se requiere un oficial por cada ocho jóvenes. Una auditoría interna del DCR identificó que se cuenta con 428 Oficiales de Servicios Juveniles, 23 de ellos en licencias extendidas; 135 oficiales proveen servicios en instituciones correcionales de adultos, lo que resulta en 293 oficiales que proveen servicios en los centros de tratamiento social. La auditoría reveló que existe una necesidad de 81 Oficiales, no tan solo para proveer seguridad, sino que éste personal es escencial para proveer los servicios de rehabilitación necesarios para los jóvenes transgresores”.
Igualmente, adjudicó que para el cumplimiento de esos esttutos y mejorar las condiciones y servicios a los jóvenes transgresores es necesaria la asignación de fondos recurrentes que permitan el reclutamiento de oficiales… “y que permitan mantener y crear nuevos servicios que propicien la reducción de la reincidencia delictiva en la población correccional a la cual servimos”.
En cuanto al estado de las instituciones correcionales luego del sismo del pasado 7 de enero y los ocurridos despues, Rivera Juanatey indicó que se activaron los protociolos correspondientes entre los cuales estuieron realizar desalojos e inspecciones. Al mismo tiempo, informó que se contactaron ingenieros, a través del doctor Jorje Haddock, presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y su Departamento de Ingeniería, por lo que contaron con el ingenieron estructural, doctor Drainfel Vázquez-Torres y Dwwight Rodríguez Lample para las inspecciones de las instituciones penitenciarias.
El funcionario explicó que varias instituciones correcionales mostraron daños visibles como grietas y desprendimientos, mayormente en Ponce 500, Ponce 1000 y Ponce Máxima. Además, reconocieron daños en uniones de elementos, juntas frías y juntas de construcción que causaron el despliege de empañetados y otros elementos.
“También se identificó daños en las conexiones de las paredes estructurales con los techos, vigas y columnas. El DRC las ha ido trabajando con las mejoras recomendadas (por los expertos). El ingeniero Vázquez-Torres concluyó que no observó daños sustanciales en los sistemas principales para resistir las cargas laterales, ya sean de vientos huracanados o cargas sísmicas que nos lleven a concluir que existe un alto potencial de colapso o riesgo a las personas. Luego del sismo ocurrido y sus replicas, se han tomado las provisiones pertinentes para salvaguardar la vida y seguridad de la población correccional y los empleados que laboran en el Complejo Correcional de Ponce. Ya se han iniciado las labores de mitigación para reparar las estructuras afectadas”, aseguró Rivera Juanatey.
