Carmen Maldonado González / Alcaldesa de Morovis
Con el inicio del año 2022, está sobre la mesa la prioridad del desarrollo económico de Puerto Rico, que ahora adquiere una mayor relevancia luego de haber pasado cuatro años del embate de los huracanes Irma y María, así como la pandemia del Covid-19 y los estragos de los terremotos en el sur hace ya dos años. Puerto Rico, a diferencia de los demás países del mundo, tiene una relación con Estados Unidos que, aún con todas las dificultades de la quiebra y la Junta de Control Fiscal, tiene las avenidas para potenciar su desarrollo económico dentro del actual status de Estados Libre Asociado.
Naturalmente, quienes se oponen all ELA nada bueno le van a adjudicar y por eso es que en Washington no se está haciendo todo lo que debe hacerse para beneficiar el desarrollo económico. Notarán ustedes que más allá de anunciarse miles de millones en asignaciones federales (que son posibles gracias al Estado Libre Asociado), no se hace nada más que insistir con una ilusoria estadidad que cada vez está más lejana, ya que no tiene respaldo mayoritario real en Puerto Rico y aún menos en Estados Unidos. Esa es la realidad prevaleciente, de ahí mi llamado a una unión de voluntades para llegar a un consenso sobre el desarrollo económico de Puerto Rico libre de trabas ideológicas.
Por ejemplo, al inicio de la pandemia, muchos se asombraron de la crisis causada por el suministro de materiales para la confección de medicamentos, que hubieran sido producidos en Puerto Rico mediante el mercado común con Estados Unidos. Pero la obsesión ideológica de los asimilistas logró, desde La Fortaleza y la Comisaría Residente de Puerto Rico en Washington, cabildear, torpedear y terminar con una de las grandes ventajas del Estado Libre Asociado, que fue la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. El gran fracaso del asimismo fue terminar con las empresas 936, destinar a cientos de miles de puertorriqueños al desempleo, pero nunca fueron capaces de ofrecer una mejor opción. De hecho, al día de hoy no han ofrecido nada mejor de lo que destruyeron. Aún hoy se sufren las consecuencias de esa traición al pueblo trabajador.
> Vamos a los datos: un estudio realizado por la firma de contabilidad KPMG para el Banco Gubernamental de Fomento en el año 1992, señaló que para la época en que se realizó el estudio, Puerto Rico ocupaba el primer lugar entre treinta países principales nivel global para llevar a cabo operaciones manufactureras de acuerdo con el Political Index Risk (1992). La eliminación de la Sección 936 lllevó a que Puerto Rico perdiera la competitividad en las industrias de alta tecnología y las intensivas en mano de obra. Fue por eso que empresas como Intel, Wang, General Electric, entre otras cerraran operaciones en la isla y se reubicarán en otros países.
El resultado neto del golpe mortal a la competitividad del sector manufacturero de la isla fue la pérdida de cerca de 300,000 empleos directos e indirectos en la economía local, la depresión por catorce años que desemboca en una quiebra fiscal que estamos sufriendo. Para poder restablecer de nuevo nuestra competitividad en los mercados debemos reevaluar las opciones de desarrollo que tenemos bajo nuestro actual status, fuera de la perspectiva del desprecio y del llamado “ideal” de la estadidad, que no ha generado solución alguna, aparte de la crisis. El año comienza y la obligación de todos los puertorriqueños de buena voluntad es trabajar unidos por el desarrollo económico. No hay prioridad más noble que procurar el bienestar de todos, sin limitaciones.
