Las muertes horribles y trágicas de Keishla Rodríguez y Andrea Ruiz estremecieron nuestro pueblo y trajeron enfoque a la crisis de femicidio y violencia de género en Puerto Rico. Enhorabuena que el discurso público le dé espacio para empezar a encontrar soluciones para acabar con este fenómeno tan dañino, aunque es triste ver que la conciencia colectiva en cuanto a la violencia de género se da cuando hay una figura pública envuelta.
A raíz de la ola creciente de violencia de género hay indicios de acción legislativa para responder a esta crisis, incluyendo enmiendas a la Ley 54 para aumentar las penalidades para delitos de violencia doméstica, y la propuesta Ley Integral de Acción Afirmativa Para Erradicar el Hostigamiento Sexual en el Trabajo. Ambas medidas son pasos iniciales positivos que afirman un rechazo a la violencia de género y proveen protecciones legales críticas para las sobrevivientes.
Sin embargo, esto sólo representa un paso en un camino mucho más largo que tenemos que tomar como sociedad para proteger a tod@s y asegurar el bienestar colectivo. No basta con conformarnos con leyes para prevenir y penalizar la violencia de género si como pueblo queremos estar realmente comprometidos con la protección de tod@s. Tenemos que mirar la constelación de factores sociales que exacerba la desigualdad de género en Puerto Rico, desde las condiciones socioeconómicas y educativas en las que viven mujeres y miembros de la comunidad LGBTTQ+, hasta la forma en que estos grupos son presentados y reconocidos en los medios y nuestra cultura popular.
En cuanto a la desigualdad económica, sigue siendo imperativo cerrar la brecha de paga que perdura entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Según las más recientes estadísticas del Censo de los Estados Unidos (EEUU) las mujeres en la fuerza laboral ganan en promedio un 18 por ciento menos de ingreso que los hombres en los mismos campos. La brecha es aún más notable en campos donde las mujeres son la mayoría. Las mujeres trabajadoras también siguen siendo más representadas que los hombres en trabajos de bajo ingreso como consejería, trabajo doméstico y en la industria de “fast food”. Este patrón de desigualdades aporta a la inseguridad económica de mujeres trabajadoras que a su vez complica sus oportunidades de movilidad social.
A esto podemos agregar el patrón de desigualdad educativa que muchas mujeres aún experimentan desde la niñez, donde la instrucción y dinámicas del salón escolar favorecen a los estudiantes masculinos, particularmente en materias como la matemática y ciencias naturales que dominan gran parte del mercado laboral contemporáneo, según han confirmado estudios académicos en los campos de educación y psicología. Este patrón repercute en la educación universitaria, donde las mujeres tienen un bajo nivel de participación en las facultades de ciencias naturales, matematicas, economía y derecho, que suelen abrir más oportunidades laborales, como ha documentado el Instituto Brookings en Washington D.C.
Otro factor importante que impacta las condiciones que enfrentan las mujeres es la expectativa social que perdura de cargar con las tareas domésticas del hogar y en particular la crianza de niños, aún cuando tienen carreras profesionales. Esta obligación social impuesta dentro de una sociedad patriarcal ha creado lo que sociólogos han denominado la penalidad de maternidad, donde la decisión de ser madre termina impactando negativamente a las mujeres en sus carreras. Según un informe del American Association of University Women de los EEUU, mujeres profesionales que son madres sólo ganan la mitad de salario que los hombres en su campo por los primeros diez años de la vida de un niño. Esto se debe al tiempo que muchas madres toman fuera de la fuerza laboral para cuidar sus niños, junto con prácticas discriminatorias de patronos que son renuentes a contratar madres de familia o les ofrecen salario más bajos que los hombres en el mismo puesto.
Ante este panorama se ve la urgencia de ir mucho más allá de leyes más fuertes para prevenir hostigamiento y violencia de género, y elaborar una política pública más comprensible para eliminar estas barreras institucionales a una verdadera equidad de género. Pero para que esto sea factible, es igual de imperativo socializar al pueblo sobre la realidad de género en nuestra sociedad. Por eso la necesidad de la educación con perspectiva de género en Puerto Rico es más grande que nunca, si regale aspiramos a combatir estereotipos, discriminación y la misoginia que plaga nuestro pueblo. Tomemos este momento para no sólo repudiar la violencia de género sino abogar por la equidad de género. Sólo así nos encaminamos a una sociedad que valoriza la humanidad de tod@s.
