El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, estampó su firma en siete medidas incluyendo el Proyecto del Senado 1085 que enmienda la Ley de la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, para ampliar el marco de responsabilidad que se impone a familiares por el abandono de adultos mayores en las instituciones médico-hospitalarias y para otros fines.
Se desprende de la exposición de motivos del proyecto, que en Puerto Rico se ha mostrado un incremento en la cantidad de adultos mayores que son abandonados por sus familiares en instituciones médico-hospitalarias luego de haber recibido el alta médica. Ante esto, la nueva definición de ‘abandono’ establece que el mismo es una “modalidad de maltrato que ocurre cuando un familiar, tutor legal o persona responsable de una persona adulta mayor para su atención, cuidado o asistencia lo deje o deserte en cualquier lugar con el propósito de desampararle, o cuando como resultado del acto de abandono se ponga en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona adulta mayor”.
De ahora en adelante, y en el proceso de admisión, la institución médico-hospitalaria debe hacer constar en el expediente información de contacto del familiar, tutor o persona que estará a cargo de buscar a la persona adulta mayor. Asimismo, recae en este tipo de instituciones médicas el deber de querellarse ante el Negociado de la Policía, luego de agotar todos los medios a su alcance, cuando la persona adulta mayor ha sido abandonada. Se deberá notificar, además, al DF y evidenciar las gestiones realizadas, antes de que éste active sus protocolos.
La ley obliga a las instituciones gubernamentales a procesar a los familiares que incumplen sus responsabilidades de cuidar de los suyos e impone al familiar responsable del adulto mayor la obligación de restituir al Gobierno por los gastos incurridos con fondos públicos por el cuido y manutención del adulto mayor con posterioridad al alta médica. A su vez, se ordena un mecanismo de notificación al Departamento de Justicia para alertarlos sobre la posible comisión del delito de abandono de personas de edad avanzada e incapacitados. Asimismo, recaerá en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) la responsabilidad de ubicar a las personas adultas mayores con condiciones crónicas de salud mental en establecimientos de cuidado sustituto debidamente licenciados.
Por otra parte, y en la continuación de la reforma al proceso de permisos, ya es ley el Proyecto de la Cámara 1992 que establece un proceso más certero y preciso respecto a los términos que tienen las agencias y municipios para emitir sus recomendaciones y dispone la alternativa que profesionales cualificados puedan emitir recomendaciones en áreas particulares. Además, establece la responsabilidad de la Junta de Planificación de preparar y adoptar guías para cualificar a dichos profesionales tomando en consideración su experiencia y peritaje.
En torno a los deportes, Pierluisi firmó dos medidas que entran en vigor de manera inmediata: el Proyecto del Senado 264 y el Proyecto del Senado 1194. El primero, enmienda la Ley para Reglamentar la práctica en Terapéutica Atlética y Regular la profesión de los Terapeutas Atléticos, y crea la Junta Examinadora de Terapéutica Atlética, mientras que el segundo establece la política pública sobre la Ley deportiva de protección contra el acoso y hostigamiento sexual en Puerto Rico.
El gobernador también convirtió en ley el Proyecto del Senado 368 que crea la Ley para Establecer la Política Pública sobre la Prevención de Inundaciones, Conservación de Ríos, Quebradas y la Dedicación de Uso Público de Fajas Verdes en Puerto Rico. Esta medida tiene el fin de establecer un término de 30 días laborables para la expedición por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de la autorización a los municipios para limpieza, canalización y realizar obras para el control de inundaciones.
El gobernador Pierluisi también firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 602 que ordena a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) a revisar el Plan de Clasificación de Puestos del Servicio de Carrera del Gobierno Central para reclasificar al Transcriptor de Investigación Legal como Auxiliar de Investigaciones Criminales y conciliar la estructura salarial de estos profesionales con la complejidad de las funciones que realizan.
Igualmente, el primer ejecutivo firmó el Proyecto del Senado 833 que crea el Programa de Internado Municipal para que estudiantes matriculados en instituciones postsecundarias, con estudios conducentes a grado asociado o bachillerato puedan laborar en las estructuras administrativas de los 78 municipios.
