El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José (“Conny”) Varela, solicitó que se investigue la situación del sistema de supervisión electrónica del Departamento de Corrección y Rehabilitación (“DCR”) debido a los recientes eventos de remoción de grilletes, y la renovación multianual del contrato para el manejo de este sistema.
“Estas situaciones de corte de grilletes crean un peligro inminente para los ciudadanos de Puerto Rico, quienes quedan expuestos a personas, presuntamente violentas, que circulan en la comunidad sin la debida supervisión. Además, levantan interrogantes sobre la efectividad de los sistemas de supervisión electrónica, los equipos que se utilizan y la capacidad de la compañía contratada para llevar a cabo la supervisión”, señaló Varela.
El también vicepresidente de la Cámara comentó que radicó la Resolución de la Cámara 1056 (RC 1056) para investigar esta situación. En la exposición de motivos de esta medida se indica que en el 2022, 27 personas bajo la supervisión del Programa de Servicios con Antelación a Juicio del DCR(“PSAJ”) cortaron sus grilletes electrónicos. Durante este año, 17 personas han cortado sus grilletes, de los cuales se informa que al menos cuatro permanecen prófugos de la justicia. Entre los múltiples casos, el más reciente que fue reseñado es el de una persona que cortó su grillete el mismo día que habría sido acusado como participante de una masacre, y otro que rompió su grillete por segunda ocasión mientras esperaba a ser enjuiciado por la muerte de una empresaria.
De otra parte, esta pieza legislativa (RC 1056), también solicita que se investigue el contrato para estos servicios entre el DCR y la compañía Track Group Puerto Rico Inc. (“TGPR”).
“Ayer (2 de octubre), mientras la prensa reportaba que la secretaria del DCR, Ana Escobar, estaba satisfecha con los servicios de TGPR, en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor se registraba un contrato multianual con esta compañía, por la cantidad de $9,000,000.00, el cual vencería el 30 de junio de 2026. En el mismo Registro, aunque aparece un contrato con TGPR entre julio de 2018 y junio de 2019, y otro entre febrero y junio de 2021, no aparece contrato alguno ni para el periodo entre julio de 2019 y febrero de 2021, ni para el periodo entre junio de 2021 y octubre de 2023 con esta compañía”, informó el Legislador.
“Esta es una situación anómala, ya que deberían existir contratos registrados con el Contralor para todos estos periodos en los cuales TGPR ha estado proveyendo servicios”, añadió el representante Varela.
“Un contrato de tal magnitud, en momentos que surgen tantos incidentes de cortes de grilletes, y cuando se cuestiona la efectividad del sistema de supervisión electrónica, debe ser evaluado cuidadosamente, para asegurarnos que se garantiza la seguridad del público, y los fondos se usan de forma eficiente”, concluyó Varela.
