El reciente caso de la joven madre sorda de Vega Alta, Janet Viera Grau, a quien le fueron removidos sus hijos por parte del Departamento de la Familia (DF) y que posteriormente cometió suicidio, motivó a la senadora popular por el Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, quien es trabajadora social clínica, a radicar la Resolución del Senado 68, que le ordena a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, y de Educación, Turismo y Cultura del Alto Cuerpo, a conducir una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de las leyes existentes que cobijan a la comunidad sorda en Puerto Rico.
“La lamentable historia de Janet Viera Grau (QEPD) nos demuestra que, a pesar de los grandes avances médicos, audiológicos, técnicos y educativos, muchos niños sordos dejan la escuela sin contar con las herramientas necesarias para una vida social y comunitaria. La comunicación para participar en la sociedad, ya sea mediante la enseñanza del lenguaje de señas u oral, es necesaria para permitir una integración y participación más efectiva en su entorno”, explicó la legisladora.
“Por esto, se hace meritorio que esta Asamblea Legislativa investigue y conozca el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos que existen en el Gobierno para garantizar el acceso de esta comunidad a los servicios públicos”, enfatizó la senadora Rosa.
Se estima que la población sorda de la Isla es de aproximadamente 218,000 personas, lo que equivale a que un 6.83 por ciento de la población de la Isla padecen de alguna discapacidad auditiva, pero estas cifras requieren actualizarse conforme a los cambios demográficos de los últimos años.
La senadora añadió que “a través de los años, la comunidad sorda en Puerto Rico ha tenido dificultad con el acceso a los servicios públicos que disfrutamos todos. Desde principios de la década de los noventa, se han adoptado una serie de iniciativas legislativas que, aunque no resultan del todo suficientes, sirven para levantar cierta conciencia en beneficio de la población con discapacidades auditivas. Sin embargo, el problema parece ser en el cumplimiento con las políticas públicas por parte de las propias agencias del Gobierno de Puerto Rico”.
Ante esta realidad es que surge la iniciativa de la senadora arecibeña por conocer el nivel de cumplimiento y ver cómo se puede forzar el mismo. “Ha llegado el momento de reflexionar si la legislación se está cumpliendo y si la misma realmente protege los derechos de la comunidad sorda en general. Reconocemos que en el Gobierno hay un problema de cumplimiento y rendición de cuentas y tenemos que movernos a cumplir con las leyes y que los entes gubernamentales se adapten a las necesidades de la comunidad sorda en general y no a la inversa”, finalizó Rosa Vélez.
