Durante una conferencia de prensa celebrada en San Juan, Javier Jiménez, candidato a gobernador por Proyecto Dignidad, presentó su plan integral anticorrupción gubernamental, junto a un grupo representativo del liderato de su partido. Jiménez expusó la necesidad de reenfocar la lucha contra la corrupción a una más agresiva en cuanto a la educación, prevención, fiscalización e integración de recursos, dotando a las agencias fiscalizadoras de mayores recursos y herramientas tecnológicas. Su plan también incluye la asignación mediante ley, al Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, funciones específicas y un papel preponderante en la lucha contra la corrupción.
“La corrupción ha sido el cáncer que ha frenado nuestro progreso por tanto tiempo. Mi compromiso es claro, cada acto de corrupción será perseguido y castigado con todo el peso de la ley. No habrá impunidad ni inmunidad para los conspiradores y participantes de estas acciones. No descansaremos hasta que eliminemos este mal. Estableceremos un ejército de auditores que velarán constantemente por la utilización de los fondos públicos y dotaremos a nuestras entidades fiscalizadoras de mayores herramientas para lograr nuestra misión como sociedad”, señaló enérgicamente Javier Jiménez, presidente de Proyecto Dignidad.
“El gobierno no puede ser secuestrado por los grandes intereses económicos y mucho menos tolerar el desprecio en la utilización de los fondos públicos exhibido por algunos funcionarios. Hoy les presento un plan de diez puntos de acción para la erradicación de la corrupción gubernamental en Puerto Rico, con el objetivo de devolverle al pueblo la confianza en su gobierno, así como el maximizar el uso de nuestros recursos colectivos”, puntualizó Jiménez, quien es de carrera profesional un contador público autorizado y alcalde de San Sebastián por los pasados 20 años. Donde deja un superávit de $33 millones y pagó los prestamos del municipio en su totalidad.
Javier Jiménez citó un estudio del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que revela que la corrupción y la mala gobernanza han costado a la economía puertorriqueña un promedio de $527 millones anuales durante la pasada década.
Además, conforme a los informes emitidos y declaraciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, se estima que las pérdidas anuales por corrupción y mala gobernanza alcanzan el 10% del presupuesto gubernamental. Según un informe titulado “Diez Años Bajo la Sombra de la Corrupción”, los incidentes de corrupción identificados demuestran que el 52% de los casos corresponde a fraude, el 34% a malversación, el 8% a conflictos de interés y 6% a otros. La investigadora principal del estudio subrayó que “no es un problema de legislación lo que enfrentamos, sino de gerencia gubernamental y malas prácticas enraizadas. El clientelismo político y el inversionismo político son los venenos que han deteriorado aceleradamente la administración pública”1.
Con este plan, el CPA Javier Jiménez busca no solo combatir la corrupción sino restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales, asegurando que cada dólar del presupuesto se utilice de manera transparente y eficiente en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
