Por: Aracelys Otero Torres / Relacionista Lic R 53
Los ciudadanos que buscan servicios en agencias gubernamentales y que padecen de algún tipo de discapacidad tienen que lidiar con la incapacidad del gobierno de ser un facilitador. Esta situación la vemos a diario y lo más preocupante es que a pesar de la aprobación de leyes que pretende atender este tema, las mismas son engavetadas y olvidadas. Nadie ofrece seguimiento al cumplimiento e implementación adecuada de leyes y reglamentos aprobados para garantizar que los servicios ofrecidos son rápidos y eficaces.
Personas con problemas visuales, auditivos, de lenguaje y de desplazamiento sufren la incapacidad del gobierno en ofrecerles las herramientas necesarias para poder recibir los servicios a los cuales tienen derecho. Esto ocurre en la mayor parte de las agencias y tiene por consecuencia aumentar la frustración de los ciudadanos y dilatar los procesos que podrían tener resultados nefastos.
Un sordo va a una agencia a recibir un servicio y qué ocurre, la mayoría de las agencias carecen de un intérprete que les pueda entender y a su vez comunicar qué necesita esta persona. Por lo regular la salida más rápida es otorgarle una fecha para que posteriormente vaya a recibir el servicio. Esto además de retrasar el proceso podría poner en riesgo la vida de esa persona.
En otros casos, a pesar de que la agencia cuenta con el equipo necesario, el proceso de solicitud para que alguien pueda beneficiarse del equipo es tan burocrático que la agencia resuelve de igual forma: ofrece una fecha posterior. Esto ocurrió en un tribunal del país en el cual una persona con problemas auditivos necesitaba un equipo de amplificación y nunca lo pudieron proveer a pesar de que el tribunal tenía el mismo disponible. ¿Qué hicieron? Suspendieron la vista para otra fecha.
Como estos hay cientos de ejemplos donde ciudadanos se ven afectados porque sencillamente las agencias no están preparadas para asistirlos, lo cual además de vergonzoso es inaceptable. Sin hablar de la inversión de recursos que al final del día son más onerosos para el gobierno.
La realidad es que el mensaje de equidad que tanto promueve el gobierno se queda en un simple mensaje el cual no es sustentado con acciones correctivas y proactivas para ciertos sectores de la población. Cuando un ciudadano acude a una agencia es porque tiene una necesidad que amerita atención inmediata. El gobierno tiene la responsabilidad indelegable de ser un facilitador de servicios.
Mi llamado al gobierno de turno es que pongan la acción en su palabra. De nada sirve aprobar leyes, reglamentos y capacitar a empleados si se incumple con la implementación eficaz de los protocolos ordenados. El gobierno necesita revisar con cada agencia el fiel cumplimiento de lo esbozado en las leyes.
Tenemos que recordar que la incapacidad del gobierno de servir a los ciudadanos con discapacidades podría tener consecuencias nefastas. El país exige que los recursos gubernamentales estén disponibles para todos los sectores. Al final del día la razón principal de cualquier gobierno es servir a todos por igual.
