Por: Lolimar Gómez Torres
El poder que tiene el primer mandatario de un País al emitir órdenes ejecutivas debe ir atado a la capacidad de ese gobierno en garantizarle a sus ciudadanos que cumplan fielmente con las mismas y que aquellos que no lo hagan sean sancionados.
Cualquiera que hubiese tenido la oportunidad de darse un paseíto, el pasado viernes en la noche, se hubiera percatado que la nueva costumbre es operar negocios al aire libre, donde los comensales ingieren alimentos y bebidas alcohólicas en mesas que no exceden los tres a cuatro pies de distancia de cada persona y exhibiendo la nueva modalidad en el uso de la mascarilla (forma incorrecta). Parecería que ningún funcionario del orden público se percatara de esta práctica.
Lo mismo ocurre a ciencia y paciencia de las autoridades gubernamentales la operación de los mega supermercados, donde el cupo de clientes en manera alguna cumple con la capacidad dispuesta en la orden ejecutiva. Mientras todo esto ocurre, el Departamento de Salud continúa adjudicándole totalmente el aumento en los contagios a las reuniones familiares.
De todo lo anterior, podemos razonablemente concluir que durante todo este evento pandémico las órdenes ejecutivas no se han llevado al pie de la letra por un nutrido sector del comercio, cuyas violaciones no han tenido consecuencia penal alguna. ¡Veremos si ocurrirá lo mismo con esta nueva orden ejecutiva y si la misma tendrá algún efecto en el dramático aumento de casos!
