Buscando ayudar a los pequeños y medianos comerciantes, el Representante del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos A. Bianchi Angleró, radicó el Proyecto de la Cámara 2396 que busca establecer una moratoria del pago de préstamos a pequeños y medianos comerciantes afectados por la actividad sísmica que se encuentran en los municipios que se incluyen en la Declaración de Desastre Mayor firmada por el presidente de Estados Unidos.
“Con esta medida lo que buscamos es darle un alivio a los pequeños comerciantes que están haciendo todo lo que pueden para mantener la economía de los municipios afectados por los sismos. Esta moratoria busca incluir los pagos a los servicios esenciales y préstamos a las corporaciones. Espero que la cámara atienda esta medida con la urgencia que amerita” mencionó en comunicación escrita el Representante Bianchi Angleró.
La pieza legislativa también busca extender la moratoria a deudas ante cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios. Además, incluir cualquier acuerdo previo de pago para deudas vigentes que tengan los pequeños y medianos comerciantes y estén relacionadas a los huracanes Irma o María. Igualmente, se pretende crear protecciones contra acciones legales, establecer prohibiciones, establecer una causa de acción a favor de las personas y en contra las instituciones financiera por incumplimiento de esta Ley.
“Los pequeños y medianos comerciantes (PyMEs) han sido durante la recesión económica que por más de una década a traviesa Puerto Rico el motor que con mayor impacto nutre la creación de empleos. No atender las necesidades de este vital sector de la economía en los pueblos afectados por la actividad sísmica implicaría abandonar las posibilidades de recuperación a corto y largo plazo de estos municipios. La voz de auxilio de los pequeños y medianos comerciantes de los pueblos incluidos en la declaración de desastre mayor es el reflejo de la tenacidad del puertorriqueño que ante la adversidad se mantiene en pie de lucha. Pese a que desde el impacto mayor del sismo del 7 de enero de 2020 para la mayoría de estos comerciantes sus fuentes de ingreso han mermado sustancialmente, las deudas con sus acreedores y los reclamos de pago no cesan, sumándose a la agonía y la incertidumbre si podrán volver a operar con normalidad”, reza parte de la exposición de motivos.
“Sin lugar a dudas se trata de una situación que urge de una atención apremiante por parte de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo porque la vida, la salud, la seguridad y la estabilidad social de los pueblos afectados por la actividad sísmica está en serio peligro. Entre otras acciones, nos ocupa en esta medida, procurar que la actividad económica en los pueblos afectados pueda levantarse porque el perjuicio del cierre de negocios implicaría una debacle económico para municipios que ya confrontaban problemas financieros y, peor aún, la desestabilidad social por la previsible pérdida de empleos. A tales fines, la presente medida dispone parámetros claros para asistirles durante esta nueva emergencia” añadió el legislador de los pueblos de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán.
“Es un reclamo que están haciendo los comerciantes de la zona y es una medida sumamente importante para nosotros, porque estimula y desarrolla los comercios en nuestra área. Sé que los comerciantes agradecerán la aprobación de esta pieza legislativa”, mencionó el alcalde del municipio de Guayanilla, Nelson Torres Yordan, quien le llevará la preocupación al legislador.
“Definitivamente, apoyamos esta medida y agradecemos al representante Carlos Bianchi por presentarla. En esta emergencia, la actividad económica ha desaparecido en el suroeste y es imperativo proteger los empleos en los pequeños y medianos comercios. Un aplazamiento extendido en los pagos de préstamos hipotecarios y comerciales, al igual que en los pagos y remesas a las agencias gubernamentales, serian instrumentales para mitigar la perdida substancial de ingresos que tenemos, y podría ser la diferencia entre la supervivencia o el cierre de los cientos de empresas PyMEs, en las 18 industrias que componen nuestra oferta turística”, terminó diciendo Tomás Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores y codueño del Combate Beach Resort en Cabo Rojo.
