El Otro Puerto Rico, una organización sin fines de lucro dirigida a fomentar la vivienda asequible y evitar los procesos de desplazamiento, presentó hoy una propuesta que establece los lineamientos para implementar la Ley de Acceso a la Vivienda Digna. Esta iniciativa busca emplazar a los candidatos a la gobernación del país a posicionarse sobre la propuesta y a definir con claridad cómo planifican atender la problemática de la vivienda.
El presidente ejecutivo de El Otro Puerto Rico, Lcdo. Alonso Ortiz Menchaca, destacó la importancia de esta propuesta. “La crisis de vivienda en Puerto Rico es un problema que requiere soluciones integrales. Nuestra propuesta no solo aborda la necesidad de vivienda asequible, sino que también busca estabilizar el mercado de alquiler y regular las actividades comerciales que afectan la disponibilidad de viviendas”, expresó.
La economista Martha Quiñones agregó que, “nuestro análisis económico demuestra que la estabilización de los alquileres y la creación de nuevas unidades de vivienda asequible son cruciales para mitigar la inflación inmobiliaria y evitar el desplazamiento de nuestras comunidades. Esta propuesta es un paso esencial hacia un Puerto Rico más justo y equitativo.”
Christina Mojica, analista de Política Pública de El Otro Puerto Rico, subrayó la importancia de la participación comunitaria en el desarrollo de la propuesta. “Hemos trabajado con los sectores que han sufrido la crisis de vivienda. Sus experiencias y aportes han sido vitales para anclar nuestras propuestas en la realidad cotidiana de nuestra gente.”
“La derogación de la Ley 22 de 2012 es un paso esencial para frenar el acaparamiento desmedido de propiedades y la evasión contributiva que promueve el lavado de dinero. Además, proponemos la creación de la Oficina de Regulación del Arrendamiento, adscrita al Departamento de la Vivienda, que se encargará de la regulación de alquileres a largo y corto plazo por demarcación territorial y necesidad de mercado”, detalló Mojica.
El presidente ejecutivo de la entidad explicó que la propuesta reconoce que los arrendamientos a corto plazo (ACP) son una actividad comercial que debe estar sujeta a las mismas regulaciones y cargas contributivas que pesan sobre cualquier comercio. A tales fines, proponen limitar la operación de estos comercios a zonas comerciales y establecer permisos especiales para su operación en zonas donde coexisten viviendas y comercios. Además, se crearía un Registro de Propietarios de ACP y se desarrollaría un procedimiento administrativo adjudicativo para querellas y multas a propietarios que incumplan con las regulaciones establecidas.
Sobre los arrendamientos a largo plazo, Ortiz Menchaca añadió, “recomendamos que se implemente una regulación temporal sobre los cánones de alquiler a largo plazo y que se establezca un equipo multidisciplinario dentro de una Oficina de Regulación del Arrendamiento para estudiar el comportamiento del mercado de vivienda en este renglón. En los municipios o zonas más afectadas por la inflación inmobiliaria, debe establecerse un tope de renta y permitir que los inquilinos se querellen contra propietarios que no cumplan con los cánones establecidos. Esta medida solo existirá hasta que se añada la cantidad de viviendas necesarias para estabilizar el mercado de vivienda del país”.
De igual manera, EOPR propone la creación de un Programa Nacional de Reconstrucción de la Vivienda. “Este programa, que deberá ser administrado por el Departamento de la Vivienda, asegurará el 100% del financiamiento para la adquisición y rehabilitación de propiedades en desuso. Asimismo, permitirá la rehabilitación de viviendas multifamiliares o de uso mixto y facilitará el proceso para la declaración de propiedades como estorbos públicos, costeando los gastos del proceso”, explicó Ortiz Menchaca.
La propuesta también incluye la recomendación de crear las Salas Especializadas en Titularidad e Inmuebles en cada región judicial del Tribunal General de Justicia, que resolverán controversias sobre usucapión, herencias y problemas de titularidad para los cuales sugieren enmiendas a la legislación existente.
El catedrático de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y planificador, Raúl Santiago Bartolomei, advirtió que “la vivienda, además de ser una fuente potencial de riqueza, es la infraestructura base que define la fibra de nuestras comunidades. No atender esta crisis llevará a la precarización económica, obstaculizará la movilidad social, llevará al desplazamiento de poblaciones vulnerables y segregará a Puerto Rico entre comunidades más y menos aventajadas”
El Otro Puerto Rico emplazó a los candidatos a la gobernación a evaluar las recomendaciones y asumir posturas. “Nuestro objetivo final es lograr que el tema de la vivienda y el desplazamiento sean parte de la conversación central en la campaña electoral del 2024. El país merece que sus candidatos expresen con claridad si están a favor o en contra de garantizar su derecho a la vivienda. Los candidatos tendrán hasta el 30 de agosto para reaccionar a esta propuesta. En el mes de septiembre lanzaremos una campaña educativa en la que informaremos al país quien esta a favor o en contra de su derecho a la vivienda y quiénes están o no comprometidos con que exista en el futuro un Puerto Rico con puertorriqueños”, subrayó Ortiz Menchaca.
Para más información sobre la propuesta y cómo involucrarse, puede acceder www.elotropr.org o las redes sociales de EOPR @elotropr.
