En sesión ordinaria, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitó al secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ingeniero Waldemar Quiles Pérez, que provea información completa sobre los propietarios de las viviendas en La Parguera.
“Yo le pido al secretario designado de Recursos Naturales que me provea los nombres de cada uno de los ocupantes de las 160 casas y los que sean que están allí en La Parguera. Todos y cada uno, para ver de quién son suegros, de quién son primos, de quiénes son donantes, de qué partidos políticos son… todos y cada uno de ellos. Vamos a documentar y verificar si han cortado algún mangle, si le han hecho alguna ampliación… Hay allí gente que los utiliza como Airbnb”, expresó Rivera Schatz.
Cabe señalar que, el pasado martes 21 de enero, durante la Comisión Total, el ingeniero Quiles Pérez fue interrogado sobre este asunto. En ese contexto, también se le solicitó enmendar la Orden Administrativa 2025-01 para garantizar que no se archiven casos bajo investigación, como se podía interpretar con los casos de propiedades relacionadas con los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Las expresiones del presidente del Senado surgieron tras un turno inicial del senador por acumulación Eliezer Molina Pérez, quien pidió que se convoque a entidades pertinentes para analizar la situación en La Parguera antes de tomar decisiones. Molina Pérez advirtió sobre un posible conflicto entre el gobierno federal y el insular en este tema y anticipó que la Environmental Protection Agency (EPA) podría emitir una determinación en los próximos días.
“Es muy probable que, en los próximos días, la EPA va a bajar una determinación. Esa determinación no creo que vaya acorde a lo que se escuchó hace poco sobre el nominado a secretario de Recursos Naturales”, comentó.
Por su parte, la senadora Ada Álvarez Conde recomendó citar al licenciado Samuel Acosta, jefe de los oficiales examinadores, así como a la exsecretaria de Recursos Naturales, para aclarar si la orden administrativa en cuestión era simplemente una continuidad de decisiones anteriores.
Por otro lado, fue aprobado a viva voz el Proyecto del Senado 92, de la autoría de Rivera Schatz y la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad. Esta medida propone enmendar los Artículos 3, 8 y 11 de la Ley 121-2019, conocida como “Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, con el fin de actualizar disposiciones técnicas y armonizar esta ley con las Leyes 130-2024 y 195-2024.
Entre las enmiendas detalla que se “incurre en conducta constitutiva de abandono, cuando un familiar, tutor legal o la persona que esté a cargo de la persona adulta mayor para su atención, cuidado o asistencia, le abandone o deje en cualquier lugar con el propósito de desampararle, o cuando como resultado del acto de abandono se ponga en peligro la vida, salud, integridad física o emocional o indemnidad sexual de la persona adulta mayor, así como cuando este no contribuye, colabore, diligencie, aporte con las agencias del Gobierno en beneficio de la persona adulta mayor”.
Además, se aprobó la Resolución del Senado 7, con 22 votos a favor y dos en contra de los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa. La resolución condena las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, particularmente en el caso del secuestro de la líder opositora María Corina Machado.
“El Senado de Puerto Rico, se une al reclamo de la comunidad internacional en repudio al secuestro de María Corina Machado, y se solidariza con nuestros hermanos venezolanos que enfrentan represión por defender la democracia ante las acciones de Nicolás Maduro. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa y el respeto de los derechos humanos de todos los pueblos”, según la medida.
