Durante una vista pública conjunta de las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, las cuales investigan la disponibilidad de servicios para la comunidad sorda en la isla, el Departamento de la Familia aceptó que no tiene un protocolo específico para atenderla.
La investigación que realizan las comisiones surgió a raíz del caso de suicidio de Janet Viera Grau, una joven sorda cuyos hijos habían sido removidos de su hogar por el Departamento de la Familia el 14 de enero de 2021.
Las medidas que dan paso a esta investigación son las Resoluciones del Senado 68 y 70. La Resolución del Senado 70 de la autoría de los senadores del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassen y Rafael Bernabe, ordena una investigación sobre los procesos, protocolos, deberes y funciones de las agencias con responsabilidades bajo la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”. Mientras, la Resolución del Senado 68 de la autoría de la senadora de la Mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), Elizabeth Rosa Vélez ordena una investigación sobre el cumplimiento de varias leyes que atienden a esta comunidad.
Durante su ponencia, el Departamento de la Familia aseguró que, durante la intervención de la agencia en este caso, en todo momento hubo un intérprete de señas. Ante preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, el subsecretario de la agencia, Ramón Burgos Bermúdez y la Administradora de ADFAN, Glenda Gerena Rivas, reconocieron que, en una ocasión, en que la joven madre amenazó con quitarse la vida, no había un intérprete de señas con la trabajadora social que llegó a atender la emergencia.
“Me llama la atención y es preocupantemente patético que no dieron el servicio cuando ella (Janet Viera Grau) amenazaba con quitarse la vida y ese es el momento en que no le dan el servicio”, condenó Rivera Lassen.
Por su parte, la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Elizabeth Rosa, se mostró insatisfecha con las respuestas de los funcionarios del Departamento de la Familia. “Una ponencia totalmente contradictoria a lo que ustedes están expresando aquí. No estoy satisfecha con las contestaciones que ustedes han dado”, afirmó Rosa, quien es Trabajadora Social de profesión.
Asimismo, la senadora Rosamar Trujillo, quien preside la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez dijo que “hay una responsabilidad que hay que hacer cumplir, el mismo sistema y la falta de supervisión mató a Janet. Es palpable la insensibilidad y el dolor cuando no se es empático con esta población, Janet pedía a gritos auxilio y no se hizo nada. Que esta situación ayude a sensibilizar y a poner visible, para hacerle justicia a todas las personas con alguna diversidad funcional”.
Por otro lado, Gabriel Corchado Méndez, Defensor de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, manifestó que el suceso con la madre sorda demuestra la necesidad de más Intérpretes Certificados para las personas de esta comunidad.
“El evento que motiva la presente resolución (R. del S. 70) nos demuestra que hace falta más aún la presencia de Intérpretes Certificados o asistencia tecnológica para comunicarse por medio del lenguaje de señas, y que esta intervención este contenida en los correspondientes protocolos de intervención no solo del Departamento de la Familia, sino de todas las demás agencias de gobierno que brinden servicio directo al ciudadano”, expresó Corchado Méndez.
Entre los deponentes se encontraban: Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Coalición Amplia de Diversidad Funcional (CADF), Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Defensoría de las Personas con Impedimentos.
