La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) se une a la preocupación de individuos y grupos de derechos humanos ante lo sucedido a raíz de las órdenes ejecutivas sobre inmigración emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La SAL rechaza contundentemente la violación de derechos humanos y constitucionales de las personas, no importa su estatus migratorio.
La Sociedad para Asistencia Legal (SAL), que este año cumple siete décadas de servicio a la comunidad, hace un llamado a que se respeten los derechos constitucionales de las personas intervenidas en las detenciones y allanamientos realizados por autoridades federales dirigidos a inmigrantes en Puerto Rico.
“Le informamos al público, que la detención de una persona que no ha cometido delito es ilegal. Los registros y allanamientos de personas, residencias y negocios sin orden judicial también son ilegales. El discrimen por raza, nacionalidad o condición social también es ilegal. Las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos reconocen a toda persona los derechos fundamentales que prohíben este tipo de actuaciones”, manifestó el Lcdo. Jesús Rivera-Delgado, presidente de la Junta de directores de la SAL.
La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) cuenta con oficinas en las trece regiones judiciales de Puerto Rico. Los servicios de orientación, asesoría y representación legal a las personas acusadas son gratuitos para la población de bajos ingresos. Las personas afectadas por estas actuaciones y/o que necesiten orientación pueden comunicarse con nuestras oficinas al 787 765-3875.
