La representante Lourdes Ramos, autora junto a Pichy Torres Zamora, del Proyecto de la Cámara 2002, con fines de aclarar que los $500 millones en asignación a la Universidad de Puerto Rico son para uso irrestricto en la operación diaria de la institución, alertó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pretende ignorar lo que ya es un mandato de ley, tras la firma del estatuto por el gobernador Pedro Pierluisi.
“Ya es la ley 92-2024. Le aseguramos el dinero del presupuesto a la Universidad y aún así, la Junta pretende interpretarla a su antojo. Deben cesar y desistir de este atropello”, reclamó la legisladora.
Ramos escuchólas preocupaciones de la Junta de Gobierno de la UPR, que denunció que el ente federal parece insistir en retenerle $59 millones para otros usos.
Ramos y Torres Zamora radicaron le pieza legislativa que entró en vigor con fuerza de ley a petición de la Junta de Gobierno, luego de que durante los años fiscales 2023 y 2024, la UPR recibiera una asignación de $500.8 millones del Fondo General del Tesoro del Estado. Pero de esa cantidad, solo pudieron utilizar $441.2 millones en costos operacionales.
El restante de $59.6 millones, explicó la líder novoprogresista, fue redirigido a otras resoluciones y asignaciones especiales, que afectaron la estabilidad presupuestaria de la UPR.
“Pero parece que persiste el esquema de injusticia y atropello de la Junta contra nuestro principal centro docente, cuando nos enteramos de que la Junta adscribe las partidas correspondientes a resoluciones legislativas para becas, operación de entidades como la Red Sísmica, el Centro de Trauma del Centro Médico y otros servicios dentro de los $500 millones del fondo general”, advirtió.
En ese sentido, denunció que, a pesar de todo el esfuerzo legislativo y del Gobernador por fortalecer la UPR, de concretarse esta situación, volvería a ponerse en riesgo la estabilidad de la operación de la UPR.
“Si sucede, sería un abuso de marca mayor. La JSF no puede seguir reinterpretando leyes claramente establecidas. Por tal motivo, es crucial que aclararemos nuevamente, que la totalidad de los fondos asignados deben ser de uso irrestricto para la operación y efectividad de la universidad”, indicó Ramos sin ambages.
